El Reino de España y de las JONS

 Juan Antonio Molina / nuevatribuna.es

 Ortega afirmó que los españoles se saltaron la época de la Ilustración y que, por tanto, nos falta un “siglo insustituible.” La Europa negra dejó de serlo gracias al esfuerzo de racionalización de las ideas y el afinamiento de las costumbres que fue la Ilustración. Sin embargo, la España negra posterior, al contrario, es el resultado de haber carecido en nuestra historia de todo lo que el siglo XVIII representó. A partir de ahí se inicia lo que Ortega llama tibetización de España, es decir, el aislamiento de nuestro país de los aires ilustrados que soplaban en el resto de Europa, mientras aquí no sólo seguíamos haciendo una burda filosofía escolástica y se obviaba la gran aventura de la ciencia moderna, sino que tampoco la nueva sensibilidad moral hizo mella en la península. 

 Es este alejamiento intelectual y moral de la corriente que configuró culturalmente a las naciones europeas lo que le hacía escribir a Manuel Azaña en plena guerra civil que “Las cosas españolas no quedan bien traducidas a una lengua extranjera, ni pueden, por tanto, entenderse rectamente con la simple traducción literal de los nombres. Así, siendo equivalentes las palabras, no denotan lo mismo. Traducidas al idioma de cualquier gran país ciertas palabras, por ejemplo: regimiento, universidad, obispo, escuadra, catolicismo, masonería, ametralladora, general, escuela, reforma agraria, etc., la representación de lo español que adquiere el extranjero mediante la versión de tales palabras, es falsa." 

 No es de extrañar, por ello, que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena encuentre tanta incomprensión por parte de los jueces europeos en la atribución de delitos a los nacionalistas catalanes. Y lo más significativo y gravoso de estas “traducciones erratas” es que donde los jueces alemanes o belgas no ven delito tal como lo plantea el instructor del Tribunal Supremo, en el reino de España los “delincuentes” nacionalistas padecen prisión provisional sin posibilidad de remisión por un criterio poco homologable por la justicia europea. Es una parte de las “peculiaridades” que diferencian al reino de España del resto de las democracias: la continuidad histórica de un tiempo político y moral destinado a pasar. 

 La crisis del régimen de poder del 78, régimen construido para darle continuidad enjalbegada al franquismo sociológico, se produce cuando ya es imposible, mediante la apariencia y la propaganda devenida en uniformidad mediática, mantener el autoritarismo estructural del sistema bajo la traza de una democracia en exceso degradada. El régimen se atrinchera, para lo cual criminaliza el malestar y la protesta ciudadana, la discrepancia y la alternativa política, convirtiendo todo ello en materia de orden público y delito común. El hecho de que todos los resortes del Estado, en su vertiente más retardataria y coactiva, incluyendo la uniformidad en los partidos, con independencia de la autodefinición ideológica, se hayan volcado contra el nacionalismo catalán desde los elementos institucionales más represivos y autoritarios es porque éste se ha posicionado desde el tímido reformismo a la ruptura con el régimen de poder vigente. 

 Se podía haber producido este movimiento de ruptura democrática como decantación del conflicto social, sin embargo, la demolición controlada del mundo del trabajo por las mismas organizaciones políticas llamadas de progreso ha privado de instrumentos de autodefensa social a las clases populares, así como el control por las minorías económicas de los mass media y la industria cultural, mediatiza la influencia de los intelectuales con compromiso social en favor de los adocenados y complacientes con el sistema. Cataluña es el foco, sin embargo, el ciclo represivo del régimen de la Transición es global y los poderes del Estado, ejercidos ya sin atrezo, sujetos al concepto predemocrático de: unidad de mando y diversidad de funciones, no supone ya la judicialización de la política, sino, además, la abolición de la misma política como instrumento de convivencia democrática y ejercicio libre de la voluntad de la ciudadanía.