En defensa del oficio de historiador

Julián Vadillo / El Salto

  Hace pocos días, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un proyecto de memoria histórica que ha rescatado la dimensión de la represión franquista por los fusilamientos efectuados en las tapias del cementerio de La Almudena. Un trabajo de investigación que ha ampliado la cifra de ejecuciones desde las 2.663, que había establecido el libro de Mirta Núñez y Antonio Rojas Friend, hasta 2.934, fijadas en las investigaciones del historiador y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Fernando Hernández Holgado. Esta cuestión ha determinado que el Ayuntamiento de Madrid promueva un memorial para los fusilados en las tapias del cementerio del Este.

  Pero aquí no voy a hacer un repaso a la historia de la represión en la ciudad de Madrid, que también ha ocupado algunas páginas de mis investigaciones, sino a la defensa de un oficio, el de historiador, que, con cuestiones como esta, se pone en tela de juicio por parte de algunos políticos, algunos periodistas y algunos voceros de los que crean opinión pública. Y lo hago desde la posición de quien ejerce este noble oficio de la investigación y la docencia histórica. 

 Fue curioso comprobar cómo, tras la exposición de resultados de las investigaciones del profesor Hernández Holgado, siguió una lista de insultos y descalificaciones a su investigación e, incluso, a su persona. La portada de un periódico de este país hablando de supuestos homenajes a “chequistas” o la vinculación instantánea del profesor Hernández Holgado a Izquierda Unida para desacreditar su imparcialidad en las investigaciones no eran situaciones nuevas.

 Hace dos años asistimos a uno de los ataques más espectaculares contra investigadores e historiadores cuando una campaña contra la Cátedra Complutense de Memoria Histórica del siglo XX tumbó un proyecto de memoria histórica para la ciudad de Madrid bajo acusaciones de baja estofa a sus integrantes. Desde su directora, Mirta Núñez, hasta los componentes del grupo de investigación del mismo —incluido el que firma estas líneas—.

 Y estos ataques no venían determinados por trabajos de investigación que pusieran en entredicho las hipótesis o conclusiones de sus integrantes. Los ataques fueron ad hominem y vinculando a cada integrante a una ideología política concreta y con acusaciones falsas que no se correspondían con la realidad. Pero el objetivo de tumbar el proyecto se consiguió.

 Este tipo de actitudes se deben a varias cuestiones básicas:

 En primer lugar, al nulo respeto que se tiene al trabajo de investigación histórica. Los historiadores o investigadores pasamos horas y horas en bibliotecas y archivos, contrastando datos, pagando de nuestro bolsillo viajes a recónditos lugares solo por localizar fuentes primarias que nos permitan reconstruir nuestro pasado. Crear el armazón para escribir un libro o un artículo científico son meses y años de investigación. Tiempos largos para tener bien cogidos los puntos nodales de las hipótesis y conclusiones que quieres mantener. Sin embargo, tras todos esos trabajos, determinados sectores sociales desacreditan la investigación argumentando “falta de objetividad” por cuestiones ideológicas, favoritismos o desconocimiento. Muchas veces los argumentos no pasan de señalar una militancia política o el típico “yo me he leído un libro que no dice eso”.

 Segundo, porque el oficio de historiador tiene una fácil intrusión. Los intrusos de la Historia son frecuentes y suelen sentar cátedra y dar lecciones a aquellos que sí siguen un criterio científico a la hora de estructurar investigaciones y trabajos. Esto no quiere decir que para ser historiador haga falta una licenciatura o un doctorado en la materia, pero sí hace falta saber discriminar la información, darle sentido y coherencia como la materia científica de la Historia reclama. Esos intrusos de la Historia montan obras en tiempo record que se venden como churros y que desacreditan a investigadores de amplio calado y profunda formación (profesionales en su materia).

 Los argumentos ad hominem son un recurso fácil para desacreditar. Y curiosamente, esa desacreditación viene siempre en nuestro país cuando te vinculan a algunas de las ideas que fueron derrotadas tras la Guerra Civil española. Ser comunista, republicano, socialista o anarquista e historiador a la vez no puede ser para algunos sectores, porque mediatiza tu visión y haces una historia “subjetiva” y “militante”. Sin embargo, se reclama esa “objetividad” desde grupos que son también políticos y mediatizan su visión a partir de la llamada “equidistancia”. Si un historiador es profesional, su ideología política no le mediatiza. Y esos historiadores a los que se acusa de ello tienen obras de investigación que son fundamentales para entender nuestro pasado inmediato.

 Además, es muy curioso que estas cuestiones estén tan en boga, pues en otros tiempos no eran así. Albert Soboul pasa por ser uno de los historiadores más afamados y más importantes sobre la Revolución francesa. Sus teorías, algunas hoy superadas, son parte imprescindible para entender ese acontecimiento. Albert Soboul era también militante del Partido Comunista Francés. Y aunque hubo siempre quien se lo reprochó, la comunidad científica histórica no consideró eso un valor fundamental para censurar una obra. Muy por el contrario, estamos ante uno de los mejores historiadores de dicha materia.

 Daniel Guerin fue un historiador francés especialista en historia del anarquismo y del fascismo. Profesor de universidad, Guerin tiene obras de importante calado y de profunda investigación para entender la historia del anarquismo y de los movimientos totalitarios. Guerin era anarquista (a caballo con el marxismo), pero sus ideas no le impiden realizar un trabajo profesional.

 Eso es lo que se pone en duda constantemente en España. Si tienes unas ideas, automáticamente eres catalogado de algo y tu obra desautorizada en muchos círculos. A este juego también caen historiadores profesionales que se sienten cómodos en lugares comunes y prefieren catalogar y descalificar a investigar y debatir.

 Siguiendo un poco con este hilo argumentativo, la verdad es que los esquemas se repiten una y otra vez. El lenguaje utilizado es el lenguaje del franquismo. La utilización del término “chequista” es ya de por sí una anomalía. La palabra checa, de origen ruso, se utilizó en España para denominar a los centros de detención ilegales que partidos políticos y sindicatos del Frente Popular tuvieron hasta noviembre de 1936, que fueron clausurados por orden gubernativa (echen un vistazo a la historia).

 Sin embargo, aunque el término hizo fortuna entre los sublevados contra la República y los sectores de la derecha, esas estructuras no eran checas. Eran Comités, conformados por integrantes de distintas organizaciones, que no tenía vinculación orgánica ni con el Estado republicano ni con las propias organizaciones políticas y que ejercieron una acción arbitraria contra personas que no pasaron por ningún juicio. Una situación que finalizó por orden del Ministerio de Justicia en noviembre-diciembre de 1936 y con la que se estructuraban Tribunales Populares frente a la arbitrariedad de los Comités.

 Algunos de esos dirigentes e integrantes de Comités fueron juzgados por las propias leyes republicanas. Muchos excesos que se cometieron en la retaguardia republicana fueron juzgados por estos tribunales. Por ejemplo, el asalto a la prisión de Durango, que acabo con penas contra dirigentes de la UGT vasca. Estas cuestiones terminológicas y de funcionamiento de los Comités en Madrid han sido ampliamente trabajadas por historiadores como Javier Cervera Gil o, muy recientemente, por el joven historiador Fernando Jiménez Herrera, con una magnífica tesis doctoral sobre la represión republicana en Vallecas y que, esperamos, pueda publicar en recientes fechas. Hay muchos más, desde luego.

 Desautorizar el trabajo del profesor Hernández Holgado diciendo que se hace una defensa de “chequistas” es de muy baja estofa. Lo que el grupo del profesor Hernández Holgado ha hecho es recuperar las ejecuciones que sentenció un tribunal contra personas que no tuvieron ni la más mínima posibilidad de defensa. Porque los tribunales militares franquistas no estaban ni conforme al Estado de Derecho ni garantizaban un juicio justo al reo. Lejos de una presunción de inocencia (propia de nuestra sociedad) existía una afirmación de culpabilidad (propia del totalitarismo).

 Cada vez que se habla de “chequistas” se hace referencia a la fuente por antonomasia: la Causa General. Una fuente que hemos utilizado todos los historiadores pero que, desde luego, hay que coger con pinzas y contrastarla con otras. Es una fuente realizada bajo el patronazgo del franquismo.

 Hernández Holgado y su grupo lo que han hecho ha sido trabajar con ella y ponerla en relación con los censos, con los libros del cementerio, con los archivos militares, con el registro civil, etc. Esa es la labor del historiador. Y curiosamente, en la mayoría de los casos que se realizan ese tipo de trabajos científicos, las cifras de la represión franquista sube y la de la represión republicana baja. Porque lo que hicieron las fuentes franquistas en las que se basan muchas afirmaciones fue relativizar u ocultar la represión ejercida por el régimen de Franco y sobredimensionar la republicana, que efectivamente existió y, quien lo niegue, miente.

 Estas cuestiones, que son sencillas, en España no son tenidas en cuenta. Y lo que se hace una y otra vez es desautorizar y atacar de forma indiscriminada a los historiadores. Cuestión que proviene, curiosamente, de aquellos que en su vida han pisado un archivo ni saben que es eso de contrastar fuentes. Los historiadores pueden tener distintas conclusiones sobre mismos acontecimientos.

 Esa es una de las riquezas de la ciencia histórica, que, como ciencia humana, no es axiomática ni crea leyes universales. Pero una cosa es discutir sobre historiografía, que la hay más progresista y más conservadora, y otra muy distinta es desautorizar por decreto a alguien que ha escrito algo que no le gusta a algunos políticos o a periodistas de turno, que demuestran su ignorancia supina sobre la historia de España.

 No olvidemos una cosa. La memoria histórica es un movimiento social que esta cubriendo las vergüenzas que no asume el Estado. Pero también es una corriente de investigación histórica conformada por profesionales a los que mucha gente no les tiene ni el más mínimo respeto. Somos profesionales, desarrollamos nuestro trabajo y pedimos respeto para nuestro trabajo.

 Y hay que decir ¡ya basta!