La tramposa defensa del Estado

 Juan Antonio Molina / nuevatribuna.es

 El concepto oficial de normalidad en cuanto a la vida pública española está adquiriendo unos sesgos de extravagancia y extemporaneidad de tal anchura que roza y supera  aquellas indignadas palabras de Ortega; “La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años.” Que la descripción de la situación política en España de hace casi un siglo pueda ser extraída de su momento histórico y anexar al presente sin holgura y sin que resulte intempestiva, es para poner a funcionar las meninges sobre el hecho indisimulado a estas alturas, a pesar del esfuerzo propagandístico de las minorías fácticas y su aparataje mediático, de que algo grave está enervando la salud pública de la nación.

 La banalidad como argamasa de la tendencia oligárquica de la vida pública produce una radical abolición del pensamiento como motor de la acción política que ha dejado de ser, como describía Azaña, un movimiento defensivo de la inteligencia, oponiéndose al dominio del error. Esta banalización de la política, el derrocamiento de la creación dirigida hacia el bien público, las tendencias oligárquicas como parte de un sistema cerrado y su consecuente desprestigio ante la ciudadanía, constituyen un profundo vacío en la racionalidad del diagnóstico y la solución de los problemas planteados por la crisis institucional y política que padece el país. La fatiga territorial del Estado de las autonomías es reflejo antinómico de las desviaciones de unas instituciones nacidas de un régimen de poder predemocrático que sufrió un proceso de adaptación, no de cambio. Los grandes proyectos nacionales no son frutos del pasado, de lo que se ha sido, sino del futuro, lo que se aspira a ser. No es una intuición de algo real sino un ideal, un esquema de algo realizable, un proyecto incitador de voluntades, un mañana imaginario capaz de disciplinar el presente. Y la Transición no ha sido el caso. 

 El hecho de que Mariano Rajoy presida el Gobierno, ya es de por sí una gran anomalía. El Partido Popular, que encabeza el jefe del Ejecutivo, es el artífice de una corrupción generalizada y de un volumen impensable en cualquier país de nuestro entorno,  hasta el punto de que el propio partido conservador está acusado por investigadores policiales y la judicatura de actuar como una organización para delinquir. Con esta textura de intereses y vertebración orgánica el Partido Popular se ha dedicado a parasitar a las instituciones en provecho propio y con subestimación de la ley. En ningún país democrático el máximo responsable de una organización con los sesgos inmorales aludidos, y siendo beneficiario indiciariamente, como indican los informes policiales, de las tramas de corruptelas, podría mantenerse en el poder y, además, con el engreimiento con que la derecha lo ejerce. 

 No menor extravagancia es que con minoría parlamentaria, Rajoy deba su investidura al primer partido de la oposición y que pueda actuar con holgura legislativa gracias al denominado “bloque constitucional”, integrado además del PP, por Ciudadanos y el PSOE, con motivaciones de éstos dos últimos partidos bastante peregrinas: en el caso de Ciudadanos aliados para combatir la corrupción con el partido de la corrupción y en el caso del PSOE para realizar reformas con el partido que no quiere reformar nada. En cuanto a la crisis catalana y la polarización política pretendida en la simplificación narrativa de la derecha, fue aceptada sin fisuras por el PSOE como política de Estado, hasta el punto de utilizar el recurso retórico y confuso de que las políticas del PP, abreviadas en planteamientos de orden público y judicialización del conflicto político, ya no eran las actitudes y decisiones del partido conservador sino del Estado. 

 Y, sin embargo, ¿Quién defiende al Estado de la corrupción? ¿Qué política de Estado se instrumentaliza contra su depredación? ¿La corrupción no atenta contra la Constitución? ¿No existe una acción del Estado contra la relectura a la baja de las libertades públicas y la recentralización del Estado autonómico? No es posible una defensa parcial y tendenciosa del Estado para encubrir la rotura propia que se le causa. Y, sobre todo, que estas agresiones al Estado son elementos  sustantivos de la crisis territorial al desnaturalizar sus elementos constituyentes y constitucionales. El Partido Socialista, como primer partido de la oposición, debería reflexionar sobre cuál es la verdadera posición en defensa del Estado democrático y ejercerla.